CONGRESO APRUEBA LEY DE CRIMINALIDAD SISTEMÁTICA CON 83 VOTOS A FAVOR..!!!

Escribe: Jhon Smith

El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó este miercoles 3 de septiembre de 2025, con 83 votos a favor, una controvertida ley que incorpora el delito de «criminalidad sistemática» al Código Penal, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. Esta normativa, que superó su segunda votación con 27 votos en contra y sin abstenciones, establece penas que van desde un mínimo de 35 años de prisión hasta cadena perpetua para delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, siempre que estos sean ejecutados de manera sistemática o con el uso de armas de fuego, explosivos o armamento militar. La decisión llega en un momento crítico, respaldada por datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que en 2023 reportó un aumento del 15% en los crímenes violentos en América Latina, con Perú destacando como uno de los países más afectados por el auge de grupos criminales.

La nueva tipificación penal, insertada en el artículo 318-B del Código Penal, responde a un debate parlamentario que se remonta a octubre de 2024. Inicialmente etiquetada como «terrorismo urbano», la propuesta fue reformulada tras intensas discusiones para evitar confusiones con el terrorismo político, un tema sensible en la historia reciente del país. El cambio a «criminalidad sistemática» refleja un enfoque más amplio, dirigido a combatir las redes delictivas que operan en ciudades como Lima, Trujillo y Callao, donde el Ministerio de Justicia reportó en 2024 que el 60% de los homicidios estuvo vinculado a organizaciones criminales. Según el presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz, el dictamen consolida 17 proyectos de ley de diversas bancadas, un proceso que incluyó múltiples rondas de debate y un texto sustitutorio antes de su aprobación definitiva.

La ley detalla agravantes que pueden llevar a la pena máxima, como el uso de armamento militar, la participación de menores de edad, el involucramiento de miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, o la ejecución de los delitos con extrema crueldad contra funcionarios públicos. Durante el debate, el congresista Diego Bazán (Renovación Popular) defendió la medida citando ataques recientes, como la dinamitación de la sede del Ministerio Público el 20 de enero de 2025 y un atentado en una calle concurrida de Trujillo el 15 de agosto del mismo año, argumentando que «es hora de ser contundentes contra los criminales». Otros legisladores coincidieron en que esta norma dota al sistema judicial de herramientas más robustas para enfrentar la violencia organizada, un problema que ha desbordado a las autoridades, según reflejan las 12,000 denuncias por extorsión registradas por la Policía Nacional en 2024, un 8% más que en 2023.

Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de críticas. La congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) señaló que el verdadero obstáculo no es la falta de leyes, sino las limitaciones operativas de la Policía, que cuenta con solo 48 horas para investigar antes de que expire el secreto de las comunicaciones, un plazo que considera insuficiente frente a la complejidad de estos casos. Propuso extenderlo a 15 días, alineándose con los procedimientos para delitos de terrorismo. Por su parte, Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) cuestionó la redacción de la norma, advirtiendo que frases vagas como «otros de similar características» podrían abrir la puerta a arbitrariedades judiciales. Esta preocupación encuentra eco en un informe de Amnistía Internacional de 2022, que documentó un aumento del 20% en condenas injustas en sistemas penales latinoamericanos debido a leyes ambiguas.

El respaldo político a la ley fue liderado por bloques como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular y Somos Perú, mientras que Juntos por el Perú, Voces por el Pueblo, el Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista se opusieron. Con la segunda votación aprobada, la norma avanza ahora hacia su promulgación oficial, un paso que el presidente del Congreso, José Enrique Jerí, había anticipado como prioritario tras la semana de representación. Sin embargo, persisten dudas sobre su implementación efectiva, especialmente en un sistema penitenciario que, según un estudio de 1989 citado por la Oficina de Programas de Justicia de EE. UU., sufre de hacinamiento crónico, con condiciones deplorables que podrían agravar la situación si las nuevas penas llenan aún más las cárceles.