MARTIN VIZCARRA ACUSA AL INPE DE ABUSO EN CAMBIO DE PENAL..!!!
Escribe: Jhon Smith
El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, ha vuelto a centrar la atención pública tras denunciar un traslado sorpresivo desde el penal de Barbadillo al penal de Ancón II, ocurrido la noche del viernes 22 de agosto de 2025. Según declaraciones realizadas durante una audiencia de su juicio oral, Vizcarra afirmó que el cambio se ejecutó sin notificación oficial por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), calificándolo como un «abuso» contra su persona.
Vizcarra, quien gobernó Perú entre 2018 y 2020, detalló que el traslado ocurrió pocas horas después de una sesión judicial, lo que sugiere una decisión precipitada por parte de las autoridades penitenciarias. En su intervención, señaló que ni él ni su defensa recibieron una resolución formal que justificara el movimiento, y añadió que se le ha advertido sobre la posibilidad de nuevos traslados, ya sea dentro de Ancón II o a otro establecimiento. A pesar de esta situación, el exmandatario aseguró que continuará participando en las audiencias de su proceso judicial, expresando confianza en la justicia pese a lo que considera «actos de injusticia» en su contra. Solicitó además que el incidente quede registrado en el marco de su caso, argumentando que contradice la clasificación penitenciaria inicial que lo asignaba al penal de Barbadillo, un centro reservado históricamente para expresidentes por razones de seguridad.
El traslado ha generado controversia, especialmente porque el INPE justificó la medida como una decisión tomada por «motivos de seguridad», según un comunicado emitido el 22 de agosto. Sin embargo, la falta de comunicación previa ha alimentado las críticas de Vizcarra y su equipo legal, quienes ven en ello un intento de presión o humillación. El abogado del exmandatario había advertido previamente que un cambio a un penal como Lurigancho o Ancón II podría interpretarse como una medida destinada a afectar su bienestar, un punto que resuena con las condiciones penitenciarias de Perú, conocidas por su hacinamiento y problemas sanitarios.
El Poder Judicial, por su parte, aclaró que no tiene competencia sobre los traslados entre penales, una facultad exclusiva del INPE, adscrito al Ministerio de Justicia. Los magistrados indicaron que su rol se limita a coordinar el traslado de los procesados dentro de los penales hacia las salas de audiencia, dejando en manos del INPE la responsabilidad de las decisiones penitenciarias. Esta distinción ha complicado las opciones de Vizcarra para apelar directamente ante el tribunal, quien ahora depende de que el INPE justifique formalmente su accionar.
