Peruanos creen que Dina y el Congreso sí dieron un golpe.
Escribe : Isaac Bigio
Según una reciente encuestas de IPSOS 3 de cada 5 peruanos consideran que el 7 de diciembre del 2022 se dio un golpe de Estado contra el presidente constitucional Pedro Castillo. Esta opinión ha venido creciendo en cada sondeo. En febrero 2023 (a 3 meses de su deposición) un 43% pensaba ello, luego en junio 2023 un 50% decía eso (superando al 42% que rechazaba eso), en diciembre 2024 está misma opinión creció hasta abarcar al 55% y en abril esta misma consideración subió 4 puntos más.
Todo esto es un duro golpe para Dina Boluarte y al Congreso que organizaron dicho golpe y que apenas cuentan con 3% y 2% de aprobación en otras encuestas.
Además, un 37% de los peruanos confirma que podrían volver a votar por el presidente presidiario si se le permitiese postular para el senado. Esto último no va a hacer algo fácil de lograr pues el Congreso quiere inhabilitar a los expresidentes Francisco Sagasti y Martín Vizcarra (quien, a su vez, fue el parlamentario más votado en 2021, pero a quien se le ha impedido sentarse en su curul).
Todas estas tendencias muestran una descomposición del régimen golpista. El juicio a Castillo viene demostrando que el único peruano electo con más de 8,8 millones de votos fue apresado ilegalmente cuando aún era mandatario constitucional, mientras que su destitución fue 100% ilegítima.
He analizado decenas de casos de presos de impeachment hechos por distintos parlamentos del mundo contra sus respectivos presidentes, pero el del 7/12/2023 es el único que haya durado 5 a 6 minutos desde que el portavoz del Congreso hizo que se lea su moción de vacancia y se pasase al voto. Ningún legislador tomo la palabra, la defensa no pudo ejercerse y el autor del texto de la vacancia fue juez y parte, pues se encargó de timonear la votación. Para que si hubiera considerado una moción de emergencia se requerían 104 votos, pero ni siquiera se pidió una votación para contemplar ello y la moción sacadora obtuvo 3 votos menos del mínimo necesario.
A Castillo no se le ha encontrado ninguna prueba de corrupción, aunque hay muchos que le acusan de ello. Mientras tanto su exprimir ministra Betssy Chávez (al igual que él) siguen presos sin haber recibido condena. Uno de los abogados de Castillo, el doctor Wilfredo Robles, fue agredido por las policías durante la marcha del primero de mayo.
Quien ha demostrado ser un personaje impopular, inconstitucional, represivo y corrupto es Dina Baluarte, a quien ninguna cirugía cosmética borraría su imagen de asesina.
Desde el punto de vista constitucional Castillo debiera seguir siendo considerado como el legítimo presidente. Esto no significa avalar su programa (no quiso desconocer la carta magna de Fujimori ni movilizar a las masas contra el golpe y por una nueva constituyente) y tampoco su estéril y suicida discurso del 7/12/2021.
Dina debiera dejar ya la presidencia. Si Castillo no la asume y hay elecciones generales para el 2026 se debe permitir que todos los candidatos vetados por lo que Hildebrandt denomina el “congreso del hampa” puedan postular. Esto incluye a Castillo, Antauro, Vizcarra, Sagasti, Del Solar y Colchado. Cerrón, a pesar de ser parte de la mafia oficialista, debiera también postular para que se demuestre que carece de apoyo de masas.
Isaac Bigio.
Politólogo economista e historiador con grados y postgrados en la London School of Economics.
