23 DÍAS DE SILENCIO: ¿PROMULGARÁ BOLUARTE LA LEY DE DETENCIÓN PRELIMINAR?..!!!
Escribe: Jhon Smith
En medio de una creciente preocupación por la seguridad pública y la lucha contra la corrupción en el país, la presidenta Dina Boluarte aún no ha promulgado la ley que restablece la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Han pasado 23 días desde que el Congreso de la República aprobó la norma y la envió al despacho presidencial, específicamente el 16 de diciembre, para su promulgación.
Este retraso ha generado críticas y especulaciones sobre las intenciones del gobierno, ya que la detención preliminar es considerada una herramienta esencial para los fiscales y jueces en su lucha contra la criminalidad organizada y los delitos de corrupción. La demora de Boluarte en tomar una decisión ha sido vista por algunos como un intento de proteger a ciertos individuos que podrían ser afectados por esta medida legal.
La situación se vuelve más crítica con el paso de los días, ya que este martes 14 de enero se cumple el plazo legal de 15 días hábiles que tiene la mandataria para promulgar la ley o devolverla al Congreso con observaciones. Este plazo, establecido por la Constitución y las leyes peruanas, obliga a una acción decisiva por parte del Ejecutivo.
La ausencia de una decisión clara hasta ahora ha dejado en una situación ambigua a las autoridades judiciales y a la ciudadanía, quienes esperan que esta herramienta legal sea restablecida para fortalecer la lucha contra la impunidad y la delincuencia en el Perú. La promulgación de esta ley podría significar un avance en la capacidad del sistema judicial para actuar de manera preventiva y eficiente ante casos de corrupción y crimen organizado, que han sido recurrentes en la agenda nacional.
La presión aumenta no solo desde el Congreso, sino también desde sectores de la sociedad civil y expertos en derecho, quienes han insistido en la urgencia de contar con esta herramienta para la seguridad del país. La decisión de Boluarte, ya sea promulgar o observar la autógrafa, tendrá implicaciones significativas en cómo se percibe la lucha contra la corrupción y el crimen bajo su administración.
