POLICÍA: “ Y AHORA, QUIEN PODRÁ DEFENDERNOS”

“En nuestro país debe primar el orden, el principio de autoridad y el estado de derecho y para hacerlos cumplir necesitamos que la PNP este respaldada, dotada, protegida política y jurídicamente”.

Artículo escrito por el
Tnt. Gral. EDGARDO GARRIDO LÓPEZ, Unión Policíal por el Perú.

Ex Sub Comandante General de la PNP

Doctor en Derecho

Nuestra Policía Nacional, pasa por los momentos institucionales más difíciles, pues no solamente lucha contra la delincuencia, la criminalidad organizada y el desorden social. Hoy se enfrenta a Políticos, Periodistas, ONGs, Abogados y algunos Operadores de Justicia (Jueces, Fiscales, INPE, etc) que cuestionan su accionar frente al crimen, y para completar esta difícil situación, nuestra presidente Dina Boluarte públicamente le ha dado la espalda a las FFAA y a la PNP, aduciendo que no tiene comando sobre ellas, ya que se rigen por sus propias leyes y protocolos, olvidando que: “por mandato constitucional Art. 117 “el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las FFAA y la PNP”, y por lo tanto estas instituciones no son deliberantes de acuerdo al Art.169 porque están “subordinadas al poder constitucional”, finalmente el Art. 118 dispone que ella dirige la política general del gobierno, vela por el orden interno y la seguridad exterior de la república, preside el Sistema de Defensa Nacional y dispone el empleo de las FFAA y PNP” en otras palabras lo que pase y deje de pasar es su responsabilidad política, sus declaraciones demuestran que no conoce sus funciones, ni la Constitución y así querían cambiarla. Ella es la Comandante Suprema de las FFAA y PNP, y tiene comando, entonces: ¿Quién dispuso que no se use las armas de fuego que legalmente pueden utilizar las FFO, quien declaro el Estado de Emergencia y ordeno la participación de las FFAA en apoyo a la PNP, durante las protestas y la violencia que vivió nuestro país?.

Bajo este orden de ideas, la PNP, no cuenta con el respaldo político y con leyes que la protegen; y asi viene poniendo el pecho y arriesga su vida por los ciudadanos de bien y por la paz social. El gobierno y los políticos no comprenden que la inseguridad y la criminalidad es un problema social, económico, político y cultural que requiere decisión  política y respuestas multisectoriales; El caos social y el aumento de la criminalidad no es responsabilidad exclusiva de la PNP, es resultado de la ineptitud, incompetencia y corrupción de los últimos gobiernos, de decisiones políticas equivocadas, es la consecuencia de la constante rotación de Ministros, de haber desarticulado seis comandos PNP y manoseado políticamente la institución con la venia de los comandos policiales, haber dejado de invertir de manera sostenida en su logística, infraestructura, tecnología de las comunicaciones, tecnología criminalística y en el  equipamiento acorde a la situación que vivimos y de haber emitido normas que desprotegen y desalientan el ejercicio de la función; de un Sistema de Administración de Justicia que está fallando, no trabajan en un solo sentido y objetivo cual es la justa e imparcial administración de justicia y la defensa de la sociedad.

Muchos ciudadanos y funcionarios por desesperación y sin conocer el tema exigen la pena de muerte y leyes más duras, debo indicarles que nuestro país ya cuenta con penas muy duras, como reitero los que fallan son los operadores de justicia, solo un 10% aprox. de los delincuentes capturados por la PNP son sentenciados, los otros son liberados por incapacidad o corrupción de malos Fiscales y Jueces, que contribuyen a que salgan a continuar delinquiendo en desmedro de la tranquilidad de la población. El Congreso está en la obligación de legislar y aprobar proyectos  que fortalezcan y potencien a la PNP, que reformen el Código Procesal Penal, retornen las funciones de investigación preliminar a la Policía, ejercer un mejor control a los órganos jurisdiccionales (Jueces y Fiscales) que emiten resoluciones absurdas que protegen al delincuente frente a la víctima que son los ciudadanos, se debe reestructurar y modernizar  el Sistema Penitenciario (INPE) que cuenta con insuficientes centros de reclusión, sobrepoblados y sin capacidad para reeducar, rehabilitar y resocializar el interno, por el contrario se han convertido en escuelas de post grado del delincuente. Debemos entender que acabar o desterrar la delincuencia totalmente es imposible, lo que sí se puede con estrategias adecuadas es reducir el número y la frecuencia de los delitos, para lo cual se requiere la participación de todos los sectores, los operadores de justicia e instituciones comprometidas, nuestra PNP, por sí sola no es capaz de garantizar la plena seguridad.

Sabiendo que la PNP, es una de las instituciones más importantes para la seguridad, prevención, investigación del delito, y piezas clave para la defensa de la democracia y el estado de derecho; Esta debe salir de la crisis que vive mediante un análisis interinstitucional, con soluciones radicales, un poder ejecutivo con la autoridad y fuerza necesaria para poner orden, que tenga la decisión política de combatir la criminalidad y brindar a la población la seguridad y el anhelado bienestar general. Para ello es necesario implementar lo siguiente:

1. El diseño de un “Plan Estratégico contra la Criminalidad” consensuado y multisectorial a largo plazo con metas e indicadores pasibles de evaluación y monitoreo que den continuidad al desarrollo institucional.
2. Un adecuado presupuesto institucional que permita ejecutar los planes estratégicos y acciones operativas contra este fenómeno.
3. Incluir en el Acuerdo Nacional cómo Objetivo Nacional, la Seguridad y el Orden Interno a fin de implementar políticas de estado serias y coherentes en lo concerniente al Orden Interno, Seguridad Jurídica e integral.
4. Extirpar a los malos funcionarios del MININTER que sin tener los méritos, capacidad y cualidades ocuparon cargos por el solo hecho de ser amigo o paisano del nefasto Pedro Castillo, y hasta el momento permanecen sin ser evaluados y expulsados de la administración pública.
5. Implantar una adecuada política de Seguridad Migratoria frente a la criminalidad que involucre a las FFAA en control de nuestras fronteras, especialmente en Desaguadero, Santa Rosa, el norte del país y la zona del Putumayo.
6. Disponer nuevos procesos de ingreso a las Escuelas Técnicas Superiores y de Oficiales de la PNP, bajo el sistema de formación acelerada, debiendo captar a los licenciados de las FFAA, a fin de contar con más efectivos policiales.
7. Establecer normas claras y continuas en torno a la carrera profesional del personal policial como elemento esencial para el fortalecimiento de la función policial y evitar el manoseo político.
8. Una buena selección, mejor preparación y entrenamiento del personal policial acompañado de la reducción de las Escuelas Técnicas Superiores para hacerlas más eficientes.
9. Invertir y mejorar la alicaída logística e infraestructura Policial, dotarla de una adecuada flota vehicular, medios de policía y el equipamiento necesario para realizar a cabalidad la función de prevención, investigación y control de disturbios.
10. Invertir en tecnología de la comunicación, repotenciar la Central Computarizada de Emergencias Policiales 105 (CCE-105) y modernizar el Centro de Comando y Control de Operaciones Policiales (CECOOP-C4) que integre en una sola plataforma a los Ministerios, Regiones, Municipalidades e instituciones comprometidas en la prevención y seguridad ciudadana.
11. El fortalecimiento del Patrullaje Selectivo Permanente en las zonas críticas y de incidencia criminal previamente identificadas conforme al análisis y realidad social de cada jurisdicción, debidamente monitoreados y geolocalizados. 
12. La repotenciación y modernización de las Comisarías y las Divisiones de Investigación Criminal, al ser unidades básicas de atención inmediata al ciudadano y factor importante en la optimización del servicio policial de calidad.
13. Repotenciar la inteligencia como herramienta eficaz contra la inseguridad y la criminalidad, de manera trasversal tanto en prevención como en la investigación del delito.
14. La construcción, equipamiento y funcionamiento de 13 laboratorios de criminalística a nivel nacional que permita potenciar y reforzar la investigación criminal acorde a las exigencias del Código Procesal Penal.
15. La Modernización e implementación a nivel nacional de los Sistemas de Identificación Policial y Sistemas Biométricos Forenses que permitan la identificación plena del ciudadano; así como los Sistemas de Registro de Armas, Proyectiles y Casquillos para la identificación de las armas sujetas a investigación penal.
16. Generar la dación de una norma que autorice a las Municipalidades la cancelación de las licencias de funcionamiento a los Centros Comerciales y Galerías que expendan productos de procedencia ilícita; actualmente con su funcionamiento se avala la delincuencia común (robo de celulares, carteras, etc.)

“En nuestro país debe primar el orden, el principio de autoridad y el estado de derecho y para hacerlos cumplir necesitamos que la PNP este respaldada, dotada, protegida política y jurídicamente”.