PERÚ HA COMETIDO GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SUSTENTA INFORME DE LA CIDH…!!…
Escribe : Carlos Vargas
«Violaciones de derechos humanos graves».
Esta es la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre la actuación del Estado peruano durante las protestas antigubernamentales por la destitución en diciembre de 2022 del presidente Pedro Castillo.
La CIDH afirmó que un uso excesivo de la fuerza frente a manifestantes causó un alto número de muertos y heridos por «impactos de armas de fuego».
En las protestas que estallaron tras la destitución el 7 de diciembre del entonces presidente Castillo, que horas antes había intentado disolver el Congreso, murieron más de 60 personas por choques entre la policía y militares con los manifestantes, uno de los episodios más violentos en las últimas dos décadas en Perú.
El mayor número de víctimas se registró en las regiones andinas de Ayacucho y Puno, focos de las protestas en demanda de nuevas elecciones y la renuncia de la presidenta que sustituyó a Castillo, Dina Boluarte.
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«Hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial, perpetuada por agentes estatales las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales«, dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en un resumen del informe.
«Además, como estas son de privaciones múltiples de derecho a la vida, teniendo en cuenta la circunstancia, tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre», manifestó en una conferencia virtual dando las conclusiones del informe.
Para este reporte la comisión visitó Perú entre el 11 y 13 de enero, cuando se reunió con familiares de las víctimas, entidades autónomas de la sociedad civil y el gobierno.
El informe de la comisión sigue a otro reciente de Human Rights Watch, que concluyó también que el Ejército y la policía de Perú fueron responsables de las muertes en las protestas.
La fiscalía peruana ha iniciado una investigación preliminar contra Boluarte por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» durante las protestas, en la que incluyó también a parte de su gabinete de ministros.
El informe destaca las necropsias realizadas a los cuerpos de los fallecidos en las que se confirma que la causa de las muertes son Proyectiles de Arma de Fuego (PAF), como balas, perdigones y objetos contundentes.
“Al respecto, durante una reunión sostenida con autoridades del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal indicó que todas las personas fallecidas en estos hechos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las víctimas”, indica sobre los hechos ocurridos en Juliaca, región Puno.
Además, se precisa que el uso desproporcionado de parte de las fuerzas del orden originaron daños tanto a manifestantes como a terceros que no tenían ninguna participación en las protestas.
La CIDH ha presentando 36 recomendaciones al Estado Peruano, entre las que se encuentran la modificatoria de las normas para prohibir el uso de armas en el control de las protestas, así como garantizar que los militares solo participen en casos excepcionales y en subordinación de los efectivos policiales.
“Asegurar que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles”, se lee.
Además, recomendó al Perú adoptar las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de las víctimas de las protestas estén bajo el mando de fiscales especializados en derechos humanos con la intención de que los procesos se realicen de manera “célere, independiente y con las garantías judiciales pertinentes”.
Para ellos, la CIDH puso a disposición del Estado peruano su intención de brindar asistencia técnica para la capacitación de funcionarios públicos y en la conformación de un equipo multidisciplinario que investigue los casos.
EL INFORME ANALIZA LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LAS PROTESTAS. NO DETERMINA RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES».
Sobre las responsabilidades políticas, la CIDH ha dejado en claro que este informe está orientado a mostrar la situación de los derechos humanos durante las protestas, más no determinar responsabilidades individuales, pues eso le compete a las entidades fiscales y judiciales del país.
Finalmente, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, señaló que las recomendaciones planteadas por la CIDH en este informe deberían ser cumplidas por el Perú de manera obligatoria, pues la organización es parte del Tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al que está suscrito el Perú.
También indicó que la CIDH realiza el seguimiento de sus recomendaciones y, luego, informa a la Asamblea de Estados Americanos. Asimismo, la sociedad civil puede hacer seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones, solicitando audiencias de control, las cuales pueden realizarse tres veces al año.
Añadió que solo se podrá iniciar una investigación contra el Estado Peruano, siempre y cuando una persona presente el caso a nivel de la CIDH. No obstante, hay que tener en cuenta que los casos a nivel internacional se presentan contra el Estado y no contra personas individuales. Las responsabilidades penales solo se investigan a nivel interno del país.
La CIDH también tomó conocimiento de la campaña de estigmatización en contra de los manifestantes por parte de las autoridades. En esta línea, señaló que el “terruqueo” ha sido utilizado para justificar el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias.
“La estigmatización tiene el potencial de poner a las personas manifestantes en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques”, señala.
El informe también recoge el caso del suboficial PNP José Luis Soncco Quispe, policía asesinado y posteriormente calcinado, durante la madrugada del 10 de enero pasado, en Juliaca (Puno). La CIDH condenó todo tipo de violencia llevada a cabo por cualquiera de las partes involucradas en las protestas.
Oposición a la CIDH
El informe de la Comisión llega luego de que diversos políticos se manifestaran en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que pertenece la CIDH, y al que el Perú está adherido.
En febrero de este año, el congresista Jorge Montoya le envió una carta a la presidente Dina Boluarte solicitando que inicie el retiro del país de la Convención Americana y, por ende, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto, según el documento, “por ser entidades vinculadas a ONGs de izquierda que emiten sentencias con sesgo político y no jurídico”.
Dos meses después, a mediados de abril, el congresista de Renovación Popular se reunió con el entonces ministro de Justicia, José Tello, para retomar la conversación sobre el tema.
En ese contexto, el 17 de abril, el exministro de Educación, Óscar Becerra se mostró a favor de la salida del Perú de la CIDH. “Salgamos de ese adefesio que es la CIDH, con el perdón de los adefesios”, declaró en un evento ministerial.
Las reacciones tras la presentación del informe
Esta tarde, horas después de la presentación del informe, la presidenta Dina Boluarte sostuvo, durante una conferencia de prensa, que el Gobierno respeta el informe emitido por el organismo. Sin embargo, rechazó algunos puntos del mismo, como la mención de ejecuciones extrajudiciales y una masacre, en referencia a lo ocurrido en Ayacucho.
“Como todo informe, hay puntos que no compartimos, pero respetamos, más si es de la CIDH. Rechazamos que se hayan realizado ejecuciones extrajudiciales y el calificativo de masacre”, dijo.
Además, indicó que las investigaciones se están desarrollando en la Fiscalía y que el Ejecutivo ha colaborado en todo momento, brindando información para la elaboración del informe de la CIDH. En esa línea, precisó que van analizar las recomendaciones para irlas atendiendo de acuerdo al marco legal vigente en el país.
En paralelo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, intentó minimizar el informe de la Comisión, al indicar que se trata solo de un informe temático no concluyente. “No estamos ante una sentencia, es un informe temático, solo puede sentenciar la Corte [Interamericana de Derechos Humanos]”, afirmó .
RESPUESTA. La presidenta Dina Boluarte rechazó que se hayan realizado ejecuciones extrajudiciales durante las protestas.
Foto: Presidencia de la República
Por otro lado, los parlamentarios Arturo de Alegría, de Fuerza Popular, Norma Yarrow, de Avanza País, y José Cueto, de Renovación Popular, afirmaron que el informe tiene un sesgo político. Para argumentar esto, sostuvieron que el mismo no señala claramente que el 7 de diciembre hubo un fallido golpe de Estado y que no considera en igual magnitud los actos de violencia de algunos manifestantes.
Sin embargo, el informe sí condena la actuación del expresidente Pedro Castillo al intentar romper el orden constitucional cuando decidió disolver el Congreso “fuera de los procesos constitucionales”. De igual modo, detalla que los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta.
“Cuando algunos individuos cometen actos de violencia en el contexto de una protesta, estos deben ser individualizados, asegurando que las demás personas manifestantes conserven su derecho a la reunión pacífica”, precisa.
La congresista fujimorista Martha Moyano señaló que no se le debería hacer caso al informe de la CIDH. En tanto, el congresista Alejandro Cavero, por su parte, señaló a través de su cuenta de Twitter que el informe parte de una consigna ideológica y que, por ende, carece de imparcialidad.
«Es una consigna ideológica llena de arengas inútiles y falsas. Lejos está el texto de un documento objetivo e imparcial sobre un tema tan delicado, como son las violaciones a los derechos humanos. No hay que darle mayor importancia. Al archivo”, sostuvo Cavero.
Mientras que el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, volvió a pronunciarse a favor del retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“El tema de la Corte es un tema sesgado a la izquierda totalmente. La Comisión y la Corte son lo mismo. Vamos a retirarnos de las dos cosas. Eso es un tema que ya está en proceso, y vamos a seguir concientizando a la gente que toma las decisiones y pueda tomarse a la brevedad”, declaró.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, también se pronunció en contra del informe al indicar que no está completo, porque no se considera los ataques contras efectivos del orden, como el caso del suboficial José Luis Soncco.
“Tienen que tomar a todos los involucrados, no sólo los excesos del Ejército, porque ellos están para eso, para poner orden, cuando van a tomar un aeropuerto o una central hidroeléctrica, ¿qué hace el ejército? Debe protegerlo”
No obstante, el informe también menciona la violencia llevada a cabo por ciertos grupos de personas, que quemaron instituciones públicas y privadas y tomaron carreteras, interrumpiendo, en algunos casos, el paso de ambulancias y el adecuado suministro de alimentos. Además, hace mención del caso del suboficial Jose Luis Soncco, asesinado y calcinado por una turba en Juliaca, Puno.
De otro lado, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló que su entidad es respetuosa de las normas internacionales. Por eso, indicó, tomarán en consideración las recomendaciones brindadas en el informe para fortalecer el trabajo del Equipo Especial, encargado de ver los casos de las víctimas de las protestas.
“Seguiremos trabajando sobre las recomendaciones dadas por la CIDH, con el subsistema especializado de derechos humanos y el equipo especial realizando investigaciones de forma célere, ordenada en cumplimiento en el enfoque de la víctima e interculturalidad”, aseguró.
