TRANSPARENCIA EN VIVO ¿AVANCE DEMOCRÁTICO O ESPECTÁCULO POLÍTICO?..!!!!

Escribe: Jhon Smith

En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es casi un deporte nacional, la iniciativa del congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) de obligar a transmitir en vivo las reuniones del Gobierno resulta refrescante y, al mismo tiempo, provocadora. El proyecto busca modificar la Ley 28024 para que encuentros sobre contrataciones estatales, políticas públicas, autorizaciones y permisos sean grabados y difundidos en tiempo real a través de plataformas oficiales, con agendas públicas diarias y grabaciones disponibles por al menos cinco años.

¿Por qué es una buena idea?

La opacidad ha sido el mejor aliado de la corrupción en el Perú. Reuniones a puertas cerradas entre funcionarios y empresarios, «coincidencias» sospechosas en adjudicaciones y decisiones que afectan a millones sin que el ciudadano sepa cómo se tomaron. Exigir transparencia en tiempo real es un paso hacia la rendición de cuentas genuina. La ciudadanía no solo tendría acceso a la información posterior, sino que podría observar en directo cómo se defienden los intereses públicos (o no).

Además, la publicación diaria de agendas oficiales antes de las 8:00 a.m. y el registro electrónico accesible son medidas concretas que dificultan los «arreglos bajo la mesa». En la era digital, no hay excusa tecnológica para mantener al pueblo en la oscuridad.

Los riesgos y desafíos reales

Sin embargo, no todo es color de rosa. Una transmisión obligatoria podría generar varios problemas:

• Teatralización de la política: Funcionarios podrían convertir las reuniones en performances para la galería, evitando discusiones francas o negociaciones necesarias.
• Sobrecarga burocrática: Implementar esto en todas las entidades del Estado exige recursos técnicos, capacitación y supervisión. ¿Estamos dispuestos a pagar por más infraestructura digital mientras fallan hospitales y escuelas?
• Excepciones peligrosas: El proyecto menciona excepciones para información clasificada, pero ¿quién decide qué es «secreto»? Esa puerta podría convertirse en la nueva ventana para la opacidad.
• Privacidad y seguridad: Algunas reuniones involucran datos sensibles de personas o estrategias que, si se exponen, podrían perjudicar al Estado.

Esta propuesta merece avanzar, pero debe perfeccionarse. La transparencia no es un lujo, es una obligación democrática. Países con mayor desarrollo institucional han avanzado en «gobierno abierto» y los resultados son positivos en control de la corrupción.

Sin embargo, la solución no puede ser solo «transmitir todo». Se necesita:

1. Un marco claro y estricto de excepciones.
2. Sanciones reales para quienes incumplan.
3. Independencia en la fiscalización (no solo del propio Ejecutivo).
4. Educación ciudadana para que la gente use esta información y no solo consuma escándalos virales.