944 MIL SOLES POR CONFIANZA CEGADA EL ESCÁNDALO QUE SACUDE LA TRANSPARENCIA DE LA ONPE..!!!!!!

Escribe: Jhon Smith

En plena recta final hacia las elecciones generales de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sale a contar que sus sistemas informáticos funcionan perfectamente. Según su propio gerente de Informática, la auditoría realizada no arrojó hallazgos críticos que comprometan el cómputo de resultados. El problema es cómo llegaron a esa conclusión pagando 944 mil soles a una empresa que, años atrás, fue sancionada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por presentar información inexacta.

M&T International (M&T Corporation del Perú SAC) fue inhabilitada por 11 meses en 2016. No se trata de una multa menor ni de un tecnicismo administrativo. Fue una sanción por falta de veracidad ante el Estado. La ONPE, sin embargo, decidió que ese antecedente no era suficiente para descartarla. Esperaron a que venciera la inhabilitación y le otorgaron un contrato millonario. La justificación oficial suena tibia cumplió con los requisitos técnicos y la sanción ya había prescrito.

Aquí radica el núcleo del problema. En materia electoral, la confianza no se construye solo con informes técnicos positivos. Se construye con procesos impecables desde el origen. Contratar a una empresa con historial de sanciones para auditar precisamente los sistemas que manejarán los votos de millones de peruanos no es un detalle administrativo. Es una señal preocupante de ligereza institucional.

¿Era imposible encontrar otra empresa sin ese borrón en su expediente? ¿No había opciones más limpias en el mercado para un contrato de esta sensibilidad? La subgerenta de Logística de la ONPE reconoció que no se exigió un mínimo de planilla, solo siete especialistas. La empresa trabajó con once. Todo dentro de las reglas, dirán. Pero las reglas no reemplazan al sentido común ni al olfato político cuando se trata de la credibilidad del organismo que organiza las elecciones.

La ONPE ha salido a defender el resultado de la auditoría: sistemas estables, bases de datos seguras, posibilidad de descarga masiva para que los partidos auditen por su cuenta. Es un mensaje tranquilizador, pero llega tarde y manchado. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones electorales es crónica, este tipo de contrataciones solo alimenta narrativas conspirativas, aunque sean infundadas. Cada sombra, por pequeña que sea, se amplifica en época electoral.

No se cuestiona aquí la calidad técnica del trabajo realizado. Quizás la auditoría sea excelente y los sistemas realmente sean robustos. El problema es de forma y precedentes. Cuando se administra un presupuesto público y se custodia la voluntad popular, la apariencia de corrección importa tanto como la corrección misma. Elegir a un proveedor con antecedentes sancionatorios, aunque legalmente habilitado, genera la percepción legítima de que se priorizó el precio o la velocidad sobre la pulcritud institucional.

Es hora de que la ONPE eleve sus estándares. No basta con cumplir el reglamento de contrataciones. Debe ir más allá y aplicar un filtro ético estricto, especialmente en procesos que involucran tecnología electoral. La ciudadanía no pide perfección imposible, pero sí exige que las instituciones encargadas de las elecciones actúen con un margen de prudencia mayor al promedio.

Mientras tanto, los 944 mil soles ya están pagados. La auditoría ya está entregada. Lo único que queda es aprender la lección en democracia, la transparencia no solo debe existir, debe ser indiscutible. Y contratar a quien alguna vez mintió al Estado para que audite la verdad electoral no es, precisamente, el mejor camino para lograrlo.