Escribe: Jhon Smith

La decisión del alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo, de asumir con recursos municipales las acciones legales contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha generado un intenso debate. Mientras unos lo ven como un acto de coraje democrático, otros lo interpretan como un uso cuestionable del erario público en un contexto de polarización electoral.

Reggiardo ha presentado una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia y una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de revertir la resolución del JNE que declaró inviables las elecciones complementarias en Lima Metropolitana. Según el alcalde, estas medidas no responden a intereses políticos personales, sino a la defensa del derecho al voto de los limeños afectados por las irregularidades registradas en la primera vuelta del 12 de abril. Ha reiterado que los abogados contratados Hans Caiazza y Gerardo Eto Cruz representan a la Municipalidad y no a él como persona.

Desde una perspectiva democrática, es legítimo cuestionar el funcionamiento de las instituciones electorales cuando existen evidencias de fallas técnicas o irregularidades. El derecho al sufragio es un pilar fundamental de cualquier sistema representativo, y si miles de ciudadanos vieron comprometido su voto, corresponde exigir accountability. Reggiardo argumenta con razón que “defender el derecho al voto no es un acto político electoral, es un acto de dignidad democrática”. Su anuncio de no participar en las elecciones de octubre, ante la falta de garantías, refuerza la imagen de alguien dispuesto a sacrificar ambiciones personales por principios.

En un país con instituciones frágiles y una historia de desconfianza hacia los procesos electorales, acciones como estas pueden interpretarse de dos maneras: como una legítima presión ciudadana o como un intento de prolongar la incertidumbre política. Expertos como el presidente de la Confiep y penalistas consultados descartan elementos de fraude intencional, aunque reconocen irregularidades derivadas de una mala gestión.

Renzo Reggiardo ha tomado una posición riesgosa pero coherente con su discurso. Si sus recursos prosperan, podría sentar un precedente importante para la defensa de la transparencia electoral. Si fracasan como anticipan varios constitucionalistas, el costo no solo será económico para la comuna, sino también de credibilidad para la gestión municipal. En última instancia, lo que está en juego no es solo el futuro de unas elecciones complementarias, sino la percepción ciudadana sobre si las autoridades locales defienden realmente al vecino o utilizan su poder para agendas más amplias. La democracia se fortalece con escrutinio, pero también con responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

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