UN MILLÓN DE VOTOS PENDIENTES LA DEMOCRACIA NO PUEDE PERMITIR ESTE CAOS..!!!!
Escribe: Jhon Smith
A pocos días de conocer los resultados definitivos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026, Perú se encuentra nuevamente ante un escenario que genera inquietud más de 5.000 actas electorales observadas que representan algo más de un millón de votos en juego.
La ONPE ha sido clara estas actas no ingresan al sistema por errores materiales falta de firmas, ilegibilidad, ausencia de datos o simples errores aritméticos. No se trata, según las autoridades, de un intento de fraude sistemático, sino de fallas humanas en el llenado de documentos. Sin embargo, cuando la diferencia entre el segundo y el tercer lugar es de apenas 0.2%, como ocurre entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, un millón de votos dejan de ser un detalle técnico para convertirse en un factor que podría redefinir quién pasa a la segunda vuelta del 7 de junio.
Lima concentra más de 1.000 actas observadas (cerca de 200.000 votos), mientras que regiones como Piura (400 actas), La Libertad (más de 380), Loreto (330), Áncash y Cajamarca superan las 230 cada una. En el extranjero también hay más de 230 actas pendientes. En total, solo en cuatro regiones del interior hay más de 260.000 votos cuya suerte está en manos de los Jurados Electorales Especiales (JEE).
Es comprensible que existan mecanismos de control y corrección. La democracia exige rigor y transparencia. Pero también exige eficiencia y celeridad. Que más de 5.000 actas queden observadas por errores que, en muchos casos, parecen evitables (falta de firma, números mal sumados) habla mal de la preparación de los miembros de mesa y de la supervisión previa. Un millón de peruanos ejercieron su derecho al voto y hoy sus sufragios están en un limbo burocrático que podría dilatar la proclamación oficial.
El Defensor del Pueblo ha señalado que “no hay condiciones legales para hablar de fraude”, y es importante mantener ese marco. Sin embargo, la percepción ciudadana es otra. Cada día que pasa sin resultados definitivos alimenta la desconfianza, las teorías conspirativas y el cansancio democrático. En un país donde la polarización ya es alta, no podemos darnos el lujo de que la incertidumbre electoral se prolongue innecesariamente.
Los JEE tienen la responsabilidad de resolver estas observaciones con rapidez, mediante cotejo de ejemplares, correcciones de errores materiales y, cuando sea estrictamente necesario, recuentos en presencia de personeros y Ministerio Público. Las apelaciones son un derecho, pero su abuso solo prolongaría el problema.
La lección es clara urge mejorar la capacitación de miembros de mesa, digitalizar más procesos y fortalecer los controles previos para reducir al mínimo este tipo de observaciones. Un millón de votos no son un error administrativo menor; son la voluntad de cientos de miles de ciudadanos que merecen que su voto sea contado con seriedad y prontitud.
La democracia peruana ya tiene suficientes desafíos como para sumar a la incertidumbre electoral provocada por actas mal llenadas. Es hora de que las autoridades electorales actúen con la máxima diligencia. El reloj corre hacia la segunda vuelta y el país necesita certezas, no más suspenso.
