INFORME LEGAL SALVA A JOSÉ JERÍ DE EVENTUAL CENSURA…!!!!
Escribe: Jhon Smith
Un informe jurídico de 16 páginas elaborado por el abogado Wilber Medina, a solicitud del presidente del Congreso encargado, Fernando Rospigliosi, ha concluido que no procede constitucionalmente una censura contra José Jerí, incluso ante las seis mociones presentadas en el Parlamento por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. Según este análisis legal, el autor sostiene “categóricamente y de manera negativa” que no es viable aplicar el mecanismo de censura al presidente de la República, aunque haya accedido al cargo por sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte.
El documento se apoya en una interpretación del artículo 115 de la Constitución, que regula la sucesión presidencial, y en la Ley 27375, argumentando que asumir la presidencia no altera la condición de presidente del Congreso ni de congresista, y que, por tanto, no puede sujetarse a un proceso de censura típico de autoridades parlamentarias. El informe advierte que la censura es un mecanismo diseñado para retirar confianza política a órganos de dirección del Congreso o a ministros en sistemas parlamentarios, y que someter al jefe del Estado a ese procedimiento implicaría transformar el régimen de gobierno sin reforma constitucional.
Además, el análisis sostiene que la única vía legítima para cuestionar la permanencia del presidente en ejercicio sería la vacancia por incapacidad moral permanente, prevista en el artículo 113 inciso 2 de la Constitución, y no la censura como tal. Esto se debe a que permitir la censura presidencial implicaría crear una causal de cese que no está contemplada en la Carta Magna y vulneraría el principio de legalidad y la separación de poderes.
Este posicionamiento jurídico llega en medio de una fuerte crisis política nacional, conocida mediáticamente como “Chifagate”, en la que Jerí ha sido fuertemente cuestionado por mantener reuniones fuera de agenda con empresarios chinos, sin registrarlas oficialmente, lo que ha generado acusaciones de falta de transparencia y pedidos de destitución desde distintas bancadas parlamentarias. El propio presidente ha negado que haya actuado de manera irregular, defendiendo sus acciones como malentendidos y acusando a sectores opositores de intentar desestabilizar su gobierno antes de las elecciones generales previstas para abril de 2026.
Si bien se han presentado múltiples mociones de censura, la viabilidad de llevarlas a cabo se complica con este informe, que podría quitarles sustento jurídico, y con la fragmentación del Parlamento y la posición de algunas bancadas importantes que no han manifestado respaldo claro a la destitución del mandatario. Por otro lado, existe al menos una moción de vacancia registrada que, de ser admitida, requeriría una mayoría calificada de 87 votos en el Pleno para prosperar, cifra difícil de alcanzar dadas las alianzas y resistencias internas del Congreso.
En este contexto, el análisis jurídico no solo influye en el debate dentro del Legislativo, sino que también marca un punto de inflexión en la disputa política sobre los límites del control parlamentario frente a un presidente que ejecuta funciones en virtud de una sucesión constitucional y no por mandato directo del voto popular
