JUSTICIA DICTA SENTENCIA 11 AÑOS Y 5 MESES DE PRISIÓN PARA EL GOLPISTA PEDRO CASTILLO TERRONES..!!!!
Escribe: Jhon Smith
En un fallo histórico emitido este jueves 27 de noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial de Perú ha condenado al expresidente Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, en relación con el fallido intento de golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022. La sentencia, leída en una audiencia virtual desde el penal de Barbadillo donde Castillo se encuentra recluido desde su detención en flagrancia, representa un hito en la historia judicial.
El tribunal, por mayoría de votos, determinó que Castillo no consumó plenamente el delito de rebelión que habría implicado un alzamiento armado generalizado, sino que su accionar se limitó a una conspiración planificada, lo que redujo la pena solicitada inicialmente por la Fiscalía de 34 años de cárcel a los 11 años, 5 meses y 15 días efectivos. Además, se impuso una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por dos años, y se ordenó que Castillo continúe cumpliendo la pena en el mismo establecimiento penitenciario de Barbadillo, en Ate, Lima. El fallo también incluye restricciones como el registro biométrico mensual y la prohibición de ausentarse del país sin autorización judicial.
Los magistrados acreditaron que el expresidente, acorralado por una inminente moción de vacancia en el Congreso dominado por la oposición y múltiples investigaciones por presunta corrupción que lo salpicaban directamente, orquestó un quiebre constitucional deliberado. En su mensaje a la Nación aquel fatídico 7 de diciembre, Castillo anunció la «disolución temporal» del Parlamento, la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público, y la instauración de un «gobierno de excepción» que gobernaría por decreto durante un período indefinido. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú se negaron a acatar las órdenes, lo que frustró el plan y llevó a su destitución exprés por el Congreso horas después.
La sentencia detalla cómo Castillo no actuó en solitario: pruebas periciales y testimoniales confirmaron que el expremier Aníbal Torres Vásquez participó activamente en la redacción del mensaje presidencial, abrazando al mandatario tras su lectura en Palacio de Gobierno. Torres recibió una pena accesoria de 6 años y 8 meses de prisión por el mismo delito. De igual modo, la expremier Betssy Chávez Chino quien había renunciado minutos antes del anuncio fue condenada a la misma pena que Castillo por conspiración, y el tribunal ordenó su ubicación y captura inmediata, ya que se encuentra refugiada en la Embajada de México en Lima desde hace casi tres años, amparada en un asilo político que el gobierno mexicano ha defendido pese a las presiones diplomáticas peruanas. El exministro del Interior Willy Huerta también fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días, mientras que el general en retiro Manuel Lozada Morales fue absuelto por falta de pruebas de coautoría.
En la audiencia, que duró varias horas y fue transmitida por Justicia TV, la defensa de Castillo intentó anular el proceso alegando «afectación grave a la imparcialidad judicial» y persecución política por parte de «grupos de poder y la élite limeña». Sin embargo, los jueces desestimaron estos argumentos, subrayando que el expresidente fue detenido «en flagrancia delictiva» cuando intentaba huir hacia la Embajada de México tras el fracaso de su plan, y que su intento de autogolpe atentó directamente contra los pilares democráticos del país. Castillo fue absuelto de los cargos adicionales de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, al considerar el tribunal que estos hechos se subsumen en el delito principal de conspiración.
Esta condena se suma a otras investigaciones pendientes contra Castillo, quien ya cumple prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción como organización criminal y colusión. El fallo, que queda suspendido provisoriamente en caso de apelación ante instancias superiores, refuerza la jurisprudencia peruana contra los abusos de poder ejecutivo y envía un mensaje disuasorio a futuros líderes tentados por vías antidemocráticas. Mientras tanto, el país observa con atención cómo este episodio, que paralizó a Perú hace tres años y desató semanas de protestas con decenas de muertos, cierra un capítulo doloroso en su turbulenta historia política reciente.
