LUCHA CONTRA EL CRIMEN: MINISTRO DEL INTERIOR PRESENTA INICIATIVAS AL CONGRESO..!!!!
Escribe: Jhon Smith
En el marco de la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo al Congreso que ya incluye la extinción del INPE como pilar central de la reforma penitenciaria, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, compareció este lunes ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento para detallar un conjunto de propuestas integrales destinadas a desmantelar las redes criminales que asfixian al país. Con un tono firme y respaldado por datos de la Dirección General Contra el Crimen Organizado (DGCO), Tiburcio delineó un «contrataque multifacético» que no solo endurece las herramientas punitivas, sino que también busca atacar las raíces socioeconómicas de la delincuencia, reconociendo que el 48% de los peruanos casi 14 millones de personas han sido víctimas de delitos en el último año, según encuestas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). «No basta con cerrar las cárceles a los delincuentes; hay que prevenir que recluten en las calles y cortar sus finanzas desde la raíz», enfatizó el ministro, al tiempo que anunció un replanteamiento radical en la operatividad de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde el 50% de los agentes pasará a labores de inteligencia encubierta en zonas de alto riesgo, como los terminales de buses en San Juan de Miraflores o los mercados de Gamarra, epicentros de extorsiones que han cobrado la vida de al menos 12 transportistas en lo que va de 2025.
Entre las medidas estrella del paquete legislativo, que se someterá a votación en los próximos 60 días si el Congreso aprueba las facultades, destaca la modificación al Código Procesal Penal (CPP) y al Código Penal para agilizar las investigaciones: se propone reducir de 48 a 24 horas el plazo máximo de detención preliminar en casos de flagrancia por extorsión o sicariato, permitiendo allanamientos express con orden judicial remota vía videoconferencia, y elevar las penas mínimas para delitos de organización criminal de 15 a 25 años, sin posibilidad de redención de pena durante los primeros cinco. Tiburcio, quien asumió el cargo hace apenas tres meses en medio de la sexta censura ministerial en dos años —tras la fallida gestión de su antecesor Juan José Santiváñez, destituido por el asesinato del cantante Paul Flores en marzo, también impulsó la tipificación del «terrorismo urbano» como delito autónomo, con sanciones de hasta 35 años para cabecillas de bandas que usen explosivos o amenazas colectivas, inspirado en atentados recientes como el de la sede fiscal en Trujillo. «Estas mafias no son pandillas locales; son estructuras trasnacionales ligadas al narcotráfico y la minería ilegal, que lavan hasta S/500 millones anuales en extorsiones solo en Lima», reveló, citando informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que muestran un incremento del 67% en operaciones sospechosas vinculadas a crimen organizado en el último semestre.
El ministro no eludió las críticas por la ejecución presupuestal con solo el 32% de avance en la compra de 10.000 chalecos antibalas y vehículos blindados para la PNP frente a un presupuesto de S/1.200 millones para seguridad en 2025, Tiburcio anunció una reestructuración inmediata de la carrera policial, dividiéndola en dos líneas especializadas: una para orden público y patrullaje preventivo, y otra para investigación criminal avanzada, con énfasis en ciberdelitos como el phishing bancario que ha defraudado S/300 millones este año. Esta división, que requerirá la creación de 5.000 plazas nuevas en un plazo de 18 meses, se financiará mediante la reasignación de fondos del programa «Cárceles Productivas» ahora obsoleto con la desaparición del INPE y alianzas público-privadas con empresas de transporte, que aportarán S/50 millones para drones de vigilancia en corredores de alto tráfico. En paralelo, se incorpora el delito de «revelación de información reservada» para funcionarios públicos, con penas de hasta 12 años, tras filtraciones que sabotearon operativos como el desmantelamiento de varias bandas delictivas.
Sin embargo, el enfoque no es puramente represivo Tiburcio detalló un pilar preventivo que invierte el 40% del presupuesto en programas comunitarios, como la expansión de «Barrio Seguro» a 200 distritos urbanos, donde se formarán 1.500 patrullas vecinales capacitadas por la PNP en identificación de reclutamiento juvenil un fenómeno que afecta al 15% de adolescentes en zonas como Ventanilla o Comas, según estudios del BID. Colaborando con el Ministerio de Educación, se propone la obligatoriedad de módulos de «ciudadanía digital» en secundaria para contrarrestar el grooming y el ciberacoso, que han impulsado un 45% de delitos contra menores en la web. «La criminalidad se nutre de la pobreza y la desconfianza; por eso, unimos fuerzas con gremios: los transportistas nos dan ojos en la calle, y a cambio, les garantizamos protección 24/7», explicó, refiriéndose a mesas de diálogo con la Cámara de Comercio de Lima que ya han identificado 300 locales extorsionados en el Cercado. Expertos como el exjefe de la Dirincri, Juan Carlos Sotil, aplaudieron la mención a inteligencia, pero advirtieron que sin al menos 20.000 agentes adicionales frente a los actuales 140.000 para 34 millones de habitantes, el replanteamiento podría diluirse en «medidas efectistas». El general en retiro Eduardo Pérez Rocha, por su parte, cuestionó la viabilidad de despliegues encubiertos en zonas como La Victoria, donde la densidad poblacional supera los 100.000 habitantes por km² y la corrupción policial permea el 20% de comisarías, según auditorías internas.
