¡INPE CONTRA LA CORRUPCIÓN! PRUEBAS DE POLÍGRAFO DESDE HOY PARA EL PERSONAL…!!!!
Escribe: Jhon Smith
En un nuevo avance en la lucha contra la corrupción y los vínculos ilícitos dentro del sistema penitenciario peruano, este jueves 20 de noviembre de 2025 arrancaron las pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La medida, que busca detectar posibles conexiones de agentes y funcionarios con redes criminales que operan desde el interior de las cárceles, se inicia en el establecimiento penitenciario de Lurigancho, el más grande y hacinado del país, con más de 10 mil internos y un historial recurrente de hallazgos de celulares, drogas y otros objetos prohibidos que facilitan extorsiones y coordinaciones delictivas hacia el exterior.
El anuncio lo realizó directamente el presidente de la República, José Jerí, a través de sus redes sociales, precisando que las Unidades de Credibilidad del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) serán las encargadas de ejecutar las evaluaciones de confiabilidad. En esta fase inicial se prevé realizar hasta 73 pruebas diarias, aplicadas durante la jornada laboral y bajo estrictos protocolos técnicos que miden respuestas fisiológicas ante preguntas relacionadas con actos de corrupción, recepción de sobornos, ingreso de elementos prohibidos o filtración de información sensible.
Esta disposición está respaldada por el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, publicado en el marco de la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao (que se extiende por 30 días adicionales a partir del 21 de noviembre), y que faculta expresamente al SINA para someter al polígrafo no solo al personal del INPE, sino también a otros servidores públicos que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). Aunque el polígrafo no tiene valor probatorio judicial por sí solo, sus resultados sirven como indicio clave para abrir investigaciones administrativas o penales, y en casos de negativa a someterse o resultados adversos, se aplicarán sanciones que pueden llegar hasta la destitución inmediata.
La elección de Lurigancho como punto de partida no es casual: en las últimas requisas masivas se han incautado cientos de dispositivos móviles de última generación (muchos con capacidad 4G y 5G), chips, cargadores improvisados y hasta electrodomésticos, evidenciando una permeabilidad que solo puede explicarse por complicidad interna. El jefe del INPE, Iván Paredes, había adelantado desde finales de octubre que este penal sería el primero en implementar la medida, enfatizando que “aquel funcionario que esté mintiendo o en acto de corrupción definitivamente tiene que ser destituido”.
La implementación se da en un contexto de creciente presión por desarticular las estructuras criminales que, pese al hacinamiento y los bloqueadores de señal (muchos de ellos inoperativos), siguen dirigiendo extorsiones, sicariatos y tráfico desde las celdas. Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han advertido que el uso del polígrafo debe respetar los derechos laborales y no convertirse en una herramienta de persecución arbitraria, aunque el gobierno defiende su aplicación como un mecanismo excepcional y temporal dentro del estado de emergencia.
Con esta batería de pruebas, el Ejecutivo busca enviar un mensaje claro: la tolerancia cero a la corrupción penitenciaria ya no es solo discurso.
En las próximas semanas se espera que el polígrafo se extienda progresivamente a otros establecimientos de alta criticidad, como los penales de Piedras Gordas, Challapalca y aquellos en regiones con alta incidencia de crimen organizado. La ciudadanía, cansada de las modalidades de delincuencia que se originan tras las rejas, observa con expectativa si esta vez las medidas logran romper el círculo vicioso que ha convertido a varios penales en centros de mando de bandas delincuenciales.
