LEYES QUE AFECTAN EQUILIBRIO FISCAL BAJO LA LUPA DEL GOBIERNO, ERNESTO ÁLVAREZ CONSIDERA DEMANDAS ANTE EL TC..!!!
Escribe: Jhon Smith
En el marco de las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República del Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, anunció durante una entrevista exclusiva con el programa periodístico «Panorama» que el Gobierno evalúa la presentación de demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra diversas leyes aprobadas por el Legislativo que comprometen seriamente el equilibrio fiscal del país.
Enfatizó que esta medida forma parte de un esfuerzo por dejar un «legado» que proteja la estabilidad económica futura, evitando impactos negativos en las finanzas públicas que podrían derivar en crisis presupuestarias. En sus declaraciones, el premier señaló que tanto el presidente Jerí como el Consejo de Ministros están decididos a avanzar en esta dirección, citando la posibilidad constitucional del Ejecutivo de impugnar normas que «agravian seriamente la posibilidad de mantener el equilibrio presupuestal», en referencia directa a un informe reciente del Consejo Fiscal (CF) que alerta sobre el costo adicional de leyes promulgadas desde agosto de 2024, estimado en cerca de S/22 mil millones anuales, equivalente al 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI), según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El análisis del CF, que examina 101 leyes aprobadas por insistencia en el actual período legislativo, revela un impacto fiscal conjunto superior a S/36 mil millones por año, una cifra que representa aproximadamente 65 veces el costo de iniciativas similares entre 2006 y 2021. Esta evaluación surge en un contexto de confrontación institucional, donde el Congreso ha impulsado normas con alto costo fiscal pese a las advertencias del Ejecutivo, aunque recientemente otorgó un voto de confianza al gabinete de Álvarez, lo que refleja un equilibrio precario en las relaciones políticas.
El premier argumentó que el Gobierno no solo está dispuesto a observar leyes con impacto fiscal negativo, sino a llevar casos emblemáticos al TC para cumplir con su mandato constitucional de salvaguardar las finanzas públicas, evitando que dichas normas comprometan recursos esenciales para la próxima gestión gubernamental tras las elecciones generales de 2026. Entre las implicaciones de estas acciones, se destaca el riesgo de desestabilización económica si no se corrigen estas leyes, ya que podrían erosionar la confianza de inversionistas y agencias calificadoras, afectando el crecimiento del PBI y la capacidad del Estado para financiar programas sociales, infraestructura y deuda pública en un país que ya enfrenta desafíos como la inflación controlada pero persistente inestabilidad política.
Adicionalmente, Álvarez expresó su respaldo a la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) por los próximos cinco años, argumentando que su permanencia es crucial para preservar el legado de estabilidad monetaria y evitar un «caos económico», aunque esta decisión dependerá del resultado de las elecciones de 2026 y la elección de un gobierno responsable. Esta postura del Ejecutivo se alinea con esfuerzos más amplios por garantizar una transición ordenada, incluyendo medidas contra la delincuencia organizada y la evaluación de emergencias en instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un panorama político marcado por siete presidentes en ocho años y la necesidad de restaurar la certidumbre institucional ante los comicios venideros.
