PROCESO DISCIPLINARIO AL FISCAL DOMINGO PEREZ DEL CASO COCTELES ¿QUÉ LO MOTIVA?
Escribe: Jhon Smith
la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público inició un proceso disciplinario de 60 días hábiles contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, por presuntas irregularidades en su actuación durante la investigación del Caso Cócteles, que involucraba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en delitos como lavado de activos y organización criminal. La resolución de la ANC, emitida en el expediente de control funcional N° 43-2025-ANC-MP-ADC-Lima Centro, requiere que Pérez presente un informe de descargo en un plazo de cinco días hábiles, acompañado de documentación certificada, para responder a los hechos cuestionados, enfocándose en la calidad y fundamentación de su requerimiento acusatorio que solicitaba 30 años de prisión para Fujimori y otros implicados.
Las razones principales esgrimidas por la ANC se centran en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) del 20 de octubre de 2025, que declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Fujimori, anulando todas las actuaciones fiscales y judiciales relacionadas con la Carpeta Fiscal 55-2017 y ordenando el archivo definitivo del caso. Según la ANC, esta sentencia del TC evidencia falencias en la labor de Pérez, particularmente en la formulación de la acusación fiscal, que fue corregida en diecinueve ocasiones por errores tanto formales como sustantivos, lo que implicaría una falta de adecuada fundamentación desde el inicio y podría haber comprometido la validez procesal, la seguridad jurídica de los involucrados y el respeto al principio de legalidad y al plazo razonable en el sistema de justicia.
Este procedimiento disciplinario, calificado por la ANC como una investigación por «falta muy grave», surge en un contexto de alta tensión política y judicial, apenas días después de que el TC beneficiara a Fujimori al considerar que las imputaciones carecían de sustento jurídico sólido, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una represalia institucional contra el fiscal que lideró la pesquisa contra la excandidata presidencial y su entorno por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y otras fuentes durante las campañas electorales de 2011 y 2016. La ANC, bajo la dirección de Juan Fernández Jerí, argumenta que las constantes subsanaciones en la acusación reflejan una «pésima actuación» que no solo prolongó innecesariamente el proceso, sino que también podría haber vulnerado derechos fundamentales de los acusados, alineándose con las críticas del TC sobre la ausencia de elementos probatorios suficientes para sostener las imputaciones de organización criminal y obstrucción a la justicia.
Este nuevo frente disciplinario contra Pérez se suma a otros procesos previos reactivados por la ANC, como aquellos contra él y Vela en julio de 2025, y podría derivar en sanciones que van desde amonestaciones hasta suspensiones o destituciones, dependiendo de la evaluación de las pruebas presentadas. Mientras tanto, el caso resalta las divisiones internas en el sistema judicial peruano, donde críticos ven en la acción de la ANC un intento de deslegitimar investigaciones anticorrupción, en tanto que defensores argumentan que busca garantizar el debido proceso y la responsabilidad funcional de los fiscales. Con el plazo de 60 días en marcha, el desenlace podría influir en la percepción pública de la independencia del Ministerio Público y en el futuro de otros casos emblemáticos de Lava Jato.
