Escribe: Jhon Smith

En medio de una creciente ola de homicidios y delitos que azotan al Perú, el Ministerio del Interior (Mininter) ha ejecutado solo el 19,9% de su presupuesto asignado para proyectos en el sector durante 2025, según datos del portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este monto, que ascendió de S/833 millones a S/939 millones desde enero hasta la fecha, se traduce en apenas S/187 millones gastados efectivamente en obras destinadas a combatir la inseguridad ciudadana, lo que evidencia una baja ejecución presupuestal en un contexto donde los índices de criminalidad continúan en ascenso.

Esta subejecución se produce pese a que el presupuesto total del sector Interior para 2025 alcanza los S/12.214,8 millones, representando un incremento del 8,3% respecto al año anterior, con S/11.867,2 millones dirigidos específicamente al Mininter y la Policía Nacional del Perú (PNP). Entre las asignaciones clave para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y reducir la victimización ciudadana, destacan S/81 millones para operativos policiales directos, S/89 millones para acciones de inteligencia, S/12 millones para la adquisición de un Equipo de Identificación Biométrica (IBIS) que potencie las investigaciones criminalísticas, y S/397 millones para equipamiento especializado en control de disturbios. Además, se prevén 22 proyectos de inversión en comisarías en regiones como Piura, Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Huánuco, Ucayali, Pasco, Huancavelica, Cusco y Lima, con el objetivo de cerrar brechas logísticas y mejorar la seguridad pública y privada. Estas medidas fueron sustentadas por el ministro Juan José Santiváñez ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, enfatizando su enfoque en mitigar daños por conflictos sociales y proteger a la ciudadanía.

La baja ejecución de fondos agrava el impacto económico de la inseguridad ciudadana, que según estimaciones del MEF en su Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, costará al país S/19.800 millones en 2025, equivalente al 1,7% del PBI y superior al presupuesto de sectores como Educación o el propio Interior. De esta cifra, S/13.900 millones corresponden a pérdidas en el sector privado, derivadas de gastos en medidas de seguridad como sistemas de videovigilancia y alarmas electrónicas, principalmente en comercio y manufactura, basados en datos de la Encuesta Económica Anual del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Por su parte, el sector público asume S/5.900 millones en costos, calculados a partir de la asignación presupuestal para la «reducción de delitos y faltas», que pasó de S/5.700 millones en 2024 a la proyección actual. Este escenario limita el crecimiento económico al afectar actividades empresariales, generar incertidumbre, cerrar negocios y restringir horarios laborales, con estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) indicando que un aumento en las tasas de homicidios reduce el crecimiento del PBI en 0,14 puntos porcentuales en promedio.

En un panorama más amplio, la inseguridad no solo representa un costo financiero sino un riesgo para la estabilidad, exacerbado por la inestabilidad política y conflictos sociales en un contexto preelectoral. Analistas destacan que esta subejecución podría deteriorar aún más el clima de negocios, interrumpir cadenas logísticas y alterar decisiones de inversión y consumo, presionando a la baja la proyección de crecimiento del PBI de 3,5% para 2025. Iniciativas complementarias, como la inversión de más de S/14 millones por parte de Foncodes en el mantenimiento de 20 comisarías en Lima Metropolitana para reducir la criminalidad en distritos de alta pobreza, buscan mitigar estos efectos, pero dependen de una ejecución eficiente que hasta ahora ha sido insuficiente.

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