Escribe: Jhon Smith

La situación de seguridad en Perú sigue generando controversia, y el ministro del Interior, Carlos Malaver, se encuentra en el centro de las críticas tras apenas tres meses en el cargo. Según declaraciones del exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, Malaver no ha presentado hasta la fecha un plan estratégico claro ni ha establecido metas concretas para enfrentar la creciente ola de delincuencia que azota al país. Esta falta de dirección ha llevado al Congreso a programar una interpelación contra el ministro para este jueves 11 de septiembre de 2025, en un contexto marcado por un aumento del 15% en delitos violentos como el sicariato y la extorsión, según datos recientes del Instituto Peruano de Economía.

Malaver, quien asumió el cargo en junio de 2025 como el octavo ministro del Interior bajo el gobierno de Dina Boluarte, enfrenta un escenario complejo. Su gestión sucede a la de sus predecesores, Vicente Romero y Víctor Torres, quienes también fueron censurados por el Parlamento debido a la incapacidad de controlar el alza del crimen y la ausencia de políticas efectivas de seguridad ciudadana. El reciente atentado con explosivos en Trujillo, ocurrido el 10 de septiembre y que dejó 11 heridos, ha intensificado las presiones sobre el Ejecutivo, evidenciando la urgencia de medidas concretas.

Otro punto de controversia es la designación misma de Malaver. Pérez Rocha sugirió que su nombramiento, impulsado por el exministro Juan José Santiváñez, careció de una evaluación técnica sólida. El ministro ya había ocupado un cargo relacionado con el crimen organizado en 2023 sin resultados destacables, lo que alimenta las dudas sobre su capacidad para liderar la respuesta al actual desafío. En este sentido, el exdirector propuso la creación de equipos móviles integrados por fiscales y policías para acelerar las investigaciones y sanciones contra delitos complejos, una estrategia que encuentra respaldo en un estudio de 2023 publicado en el Journal of Criminology. Este análisis reveló que la coordinación entre fuerzas del orden y el sistema judicial redujo las condenas por crimen organizado en un 20% en contextos similares de América Latina.

La interpelación en el Congreso se sustenta en el incremento de fenómenos delictivos como los secuestros y el sicariato, que han generado alarma en la opinión pública. Sin embargo, Pérez Rocha advirtió que las recientes iniciativas legislativas para endurecer penas, incluyendo la cadena perpetua para ciertos delitos, podrían ser insuficientes si no van acompañadas de una articulación efectiva entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. La historia reciente de Perú, con una tasa de victimización que bajó del 40% en 2011 al 25% en 2020, alimentado por la falta de personal y tecnología en las fuerzas de seguridad, un problema que el exdirector estima en unos 50,000 efectivos policiales.

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