«DINA BOLUARTE ENFRENTARÁ DENUNCIA PENAL POR TRAICIÓN A LA PATRIA TRAS FIRMAR TRATADO EN FRANCIA…!!!
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, se encuentra en el centro de una controversia tras la firma del Tratado de Alta Mar durante la III Conferencia de la ONU en Niza, Francia, el 9 de junio de 2025. Este acto ha desencadenado una denuncia penal en su contra por presunta traición a la patria, presentada ante la Fiscalía de la Nación. Según críticos, la rúbrica del tratado compromete la soberanía marítima del país, al ceder derechos sobre recursos naturales en aguas internacionales adyacentes al territorio peruano, lo que, según los denunciantes, contraviene el Artículo 54 de la Constitución Política del Perú y la Ley 7709. Estas normativas establecen que los recursos naturales en el dominio marítimo peruano son inalienables y de uso exclusivo del Estado.
La acusación, impulsada por sectores políticos y ciudadanos, sostiene que la firma del tratado representa un atentado contra los intereses nacionales, al permitir que organismos internacionales regulen actividades en áreas marítimas que Perú considera parte de su soberanía. El periodista C. Alfredo Vignolo, uno de los principales detractores, ha señalado que la decisión de Boluarte vulnera principios fundamentales de la legislación peruana, desatando un debate sobre la legalidad y las implicancias geopolíticas del acuerdo. Además, se cuestiona la autorización del Congreso para el viaje de la presidenta, ya que, según algunos, se tenía conocimiento previo de su intención de firmar el tratado, previamente promovido por el expresidente Pedro Castillo.
Por otro lado, el internacionalista Farid Kahhat ha minimizado las acusaciones, instando a los críticos a revisar la Constitución antes de emitir juicios apresurados, sugiriendo que el tratado podría no implicar una cesión de soberanía, sino un marco de cooperación internacional para la conservación marina. Sin embargo, esta postura no ha apaciguado las críticas, que señalan la falta de transparencia en el proceso y la ausencia de un debate público previo a la firma.
La denuncia ha generado un clima de tensión política, con sectores exigiendo explicaciones al Congreso y al Ejecutivo sobre las motivaciones detrás de la participación de Boluarte en la conferencia y la firma del acuerdo. Organizaciones civiles y medios de comunicación han convocado a la ciudadanía a mantenerse vigilante, argumentando que la soberanía marítima es un pilar fundamental de la identidad y los recursos del país. Mientras tanto, la Fiscalía evalúa la procedencia de la denuncia, lo que podría derivar en un proceso judicial que marque un hito en la gestión de Boluarte y en la discusión sobre la protección de los intereses nacionales frente a tratados internacionales.
