MARTÍN VIZCARRA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXIGE RECLASIFICACIÓN DE SU PENAL..!!!!
Escribe: Jhon Smith
La Defensoría del Pueblo en Perú ha emitido un pronunciamiento contundente en el que expresa su profunda preocupación por la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de anular la clasificación inicial que asignaba al expresidente Martín Vizcarra al penal de Barbadillo, una cárcel destinada específicamente para exmandatarios peruanos debido a razones de seguridad y equidad en el tratamiento penitenciario. Vizcarra, quien enfrenta una orden de prisión preventiva por cinco meses por presuntamente haber recibido sobornos por un monto de S/2.3 millones de empresas constructoras durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014), podría ser trasladado al penal de Lurigancho, una decisión que ha generado controversia y críticas por parte de la Defensoría.
En su comunicado, la Defensoría del Pueblo subraya que la clasificación inicial de Vizcarra en Barbadillo, donde actualmente cumplen condena otros expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, se fundamenta en la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP, la cual establece criterios objetivos y justificados para la ubicación de exautoridades de alto rango en este centro penitenciario. Según la institución, la anulación de esta clasificación por parte del INPE no solo carece de una justificación clara, sino que también podría poner en riesgo la integridad física y los derechos fundamentales de Vizcarra, al exponerlo a las condiciones de un penal común como Lurigancho, conocido por su hacinamiento y problemas de seguridad.
La Defensoría ha exigido al INPE que se realice una reclasificación inmediata de Vizcarra, garantizando que esta se ajuste estrictamente a los principios de legalidad, igualdad y seguridad establecidos en el marco normativo penitenciario. Asimismo, ha instado a las autoridades a transparentar los motivos detrás de la anulación de la clasificación inicial, argumentando que decisiones de esta naturaleza deben estar respaldadas por criterios objetivos y no estar sujetas a arbitrariedades.
La institución también ha hecho un llamado a respetar los derechos humanos de los reclusos, independientemente de su condición, y a evitar cualquier tipo de discriminación o tratamiento desigual en el sistema penitenciario.Este caso ha reavivado el debate público sobre el manejo de figuras políticas de alto perfil en el sistema penitenciario peruano, así como sobre la necesidad de garantizar un trato equitativo y seguro para todos los internos.
La situación de Vizcarra, quien también enfrenta otros procesos judiciales relacionados con su gestión como presidente, pone en evidencia las tensiones existentes entre la justicia, la seguridad penitenciaria y la percepción pública sobre el trato a exautoridades. La Defensoría del Pueblo ha anunciado que seguirá vigilante para asegurar que las decisiones del INPE se alineen con los estándares legales y éticos, y que no se comprometan los derechos de los involucrados en este caso.
