JOSÉ JERÍ ANUNCIA AJUSTES A LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO..!!!
Escribe: Jhon Smith
En una declaración que ha captado la atención de medios y ciudadanos por igual, José Jerí, presidente del Congreso de Perú desde el 26 de julio de 2025, anunció este jueves 31 de julio, a las 15:23 hora local, que la controvertida Ley de Extinción de Dominio no será derogada, sino ajustada para alinearse con los principios constitucionales.
La afirmación llega tras una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, en julio de 2025, declaró inconstitucionales varios artículos de esta normativa, aprobada originalmente en 2019 bajo el Decreto Legislativo 1373. La decisión judicial responde a una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo el 2 de agosto de 2024, liderada por Josué Gutiérrez, quien cuestionó la redacción de disposiciones como el numeral 2.1 y el artículo 2.5, señalando violaciones al debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica Jerí, visiblemente rodeado de micrófonos y cámaras en una calle de Lima, enfatizó que el Congreso acatará el fallo y trabajará en reformas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales.
Entre las correcciones propuestas se incluyen mecanismos claros para la devolución de bienes incautados a personas declaradas inocentes, así como medidas de reparación económica cuando sea necesario. «Toda sentencia del Tribunal Constitucional sigue su trámite en las instancias pertinentes», declaró el legislador, evitando comprometerse con detalles hasta que el Congreso analice a fondo la resolución judicial.
Esta postura refleja un intento por equilibrar la presión política con las exigencias legales, en un contexto donde la ley ha sido blanco de críticas desde su implementación.La Ley de Extinción de Dominio, diseñada para permitir al Estado confiscar activos obtenidos mediante actividades ilícitas, ha sido un arma de doble filo.
Mientras las autoridades celebran éxitos como los liderados por la fiscalía de Ayacucho, que en 2025 registró el mayor número de confiscaciones, prominentes juristas como Enrique Ghersi, excongresista y abogado, la han calificado como «la mayor violación a los derechos constitucionales en la historia legislativa peruana».
En una entrevista con JURIST en marzo de 2025, Ghersi advirtió que aplicar la norma a todas las actividades ilegales, y no solo a crímenes graves, ignora la realidad de una economía informal que representa cerca del 80% del PIB peruano, poniendo en riesgo propiedades de ciudadanos comunes.
